Ley n° 19549

LEY N° 19549
LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

TEXTO ACTUALI ZADO CON LAS REFORMAS DE LA LEY 21686
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
TITULO I
Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación.
* ARTICULO 1°). Las normas del procedimiento que se aplicarán ante la administración pública nacional
centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos con excepción de los organismos militares y de defensa y
seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos:
Requisitos generales: impulsión e instrucción de oficio.
a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones;
Celeridad economía sencillez eficacia en los trámites.
b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, quedan do facultado el Poder Ejecutivo para regular el
régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este régimen con prende la potestad de aplicar
multa de hasta diez mil pesos ($ 10.000) cuando no estuviere previsto un monto distinto en norma expresa mediante
resoluciones que, al quedar firmes, tendrán fuerza ejecutiva. Este monto máximo será reajustado anualmente por el
Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor establecido por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Economía de la Nación;
Informalismo
c) Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser
cumplidas posteriormente;
Días y horas hábiles
d) Los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a
petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlas;
Los plazos
e) En cuanto a los plazos:
1. Serán obligatorios para los interesados y para la administración.
2. Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o
a petición de parte.
3. Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a actos que deban ser
publicados regirá lo dispuesto por el articulo 2° del Código Civil.
4. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones,
cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, visitas e informes, aquél será de diez
(10) días.
5. Antes del vencimiento de un plazo podrá la administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su
ampliación, por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados
derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al
vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado.
Interposición de recursos fuera de plazos
6. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para
articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera
debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que por estar
excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
Interrupción de lazos por articulación de recursos.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso
de los plazos, aunque aquellos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren
deducidos ante órgano incompetente por error excusable.
Pérdida de derecho dejado de usar
8. La administración podrá dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio
de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del
supuesto a que se refiere el apartado siguiente.
Caducidad de los procedimientos.
9. Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano
competente le notificará que, si transcurrieran otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la
caducidad de los procedimientos archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a
previsión social y los que la administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias o por
estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá no obstante, ejercer sus
pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones
practicadas con intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios,
inclusa ve los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto
declarativo de caducidad;
Debido proceso adjetivo
f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
Derecho a ser oído
l. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos
subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando
una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales
del derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que planteen o debatan cuestiones jurídicas.
Derecho a ofrecer y producir pruebas
2. De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la administración fije en cada
caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo la administración
requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad
jurídica objetiva; todo con el contralor de los interesados y sus profesionales quienes podrán presentar alegatos y
descargos una vez concluido el período probatorio.
Derecho a una decisión fundada
3. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en
tanto fueren conducentes a la solución del caso.
* Texto de acuerdo a la Ley 21686.
Procedimientos especiales excluidos
ARTICULO 2°). Dentro del plazo de 120 días, computado a partir de la vigencia de las normas procesales a que se
refiere el artículo l°, el Poder Ejecutivo determinará cuáles serán los procedimientos especiales actualmente
aplicables ir que continuarán vigentes. Queda asimismo facultado para:
Paulatina adaptación de los regímenes especiales al nuevo procedimiento
a) Sustituir las normas legales y reglamentarias de índole estricta mente procesal de los regímenes 7 especiales que
subsistan, con mi ras a la paulatina adaptación de éstos al sistema del nuevo procedimiento y de los recursos
administrativos por él implantados, en tanto ello no afectare las normas de fondo a las que se refieren o apliquen los
citados regímenes especiales.
La presente ley será de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales
subsistan;
b) Dictar el procedimiento administrativo que regirá respecto de los organismos militares y de defensa y seguridad, a
propuesta de éstos, adaptando los principios básicos de la presente ley y su reglamentación;
Actuaciones reservadas o secretas
c) Determinar las circunstancias y autoridades competentes para calificar como reservadas o secretas las
actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que deban tener ese carácter, aunque estén incluidos en actuaciones
públicas
TITULO II
Competencia del órgano
ARTICULO 3°). La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la
Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una
obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución
estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo
contrario.
Cuestiones de Competencia
ARTICULO 4°). El Poder Ejecutivo resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los ministros y
las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de
diferentes ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes
autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos departamentos de Estado.
Contiendas negativas y positivas
ARTICULO 5°). Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, se declare incompetente, remitirá las
actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez, las rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada
para resolver el conflicto. Si dos órganos se considerasen competentes, el último que hubiere conocido en el caso
someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que debe resolverla. La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará en ambos casos, sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este articulo para la remisión de actuaciones serán de n días y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de 5 días. Recusación y excusación_de funcionarios y empleados ARTICULO 6°). Los funcionarios y empleados pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en los artículos 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiendo dar intervención al superior inmediato dentro de los 2 días. La intervención anterior del funcionario o empleado en el expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario resolverá dentro de los 5 días; si se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de los funcionarios y empleados se regirá por el artículo 30 del código arriba citado y será remitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los 5 días. Si aceptare la excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles. TITULO III Requisitos esenciales del acto administrativo ARTICULO 7°). Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: Competencia a) Ser distado por autoridad competente. Causa b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; Objeto c) El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas previa audiencia del interesado y siempre que ello NO afecte derechos adquiridos; Procedimientos d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos o intereses legítimos; Motivación e) Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; Finalidad f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubierta mente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente titulo, si ello fuere procedente. Forma ARTICULO 8°). El acto administrativo se manifestará expresa mente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta. Vías de hecho * ARTICULO 9°). La administración se abstendrá: a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas, lesivas de un derecho o garantía constitucionales; b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado. * Texto de acuerdo a la ley 21686. Silencio o ambigüedad de la Administración. ARTICULO l0°). El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60 días. Vencido el Plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la administración. Eficacia del acto: notificación y publicación. ARTICULO 11°). Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación. Los administrados, podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. ARTICULO 12°). El acto administrativo goza de presunción de legitimidad su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar , perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Retroactividad del acto ARTICULO 13°). El acto administrativo podrá tener efectos retroactivos siempre que no se lesionaren derechos adquiridos cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciere al administrado. Nulidad ARTICULO 14°). El acto administrativo es nulo , de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: a) Cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta; b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Anulabilidad *ARTICULO 15°). Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. * * Texto de acuerdo a la Ley 21686. Invalidez de cláusulas accidentales o accesorias. ARTICULO 16°). La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. Revocación del acto nulo * ARTICULO 17°). El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aun pendientes mediante declaración judicial de nulidad. * Texto de acuerdo a la Ley 21686. Revocación del acto regular ARTICULO 18°). El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, NO puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros, y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Saneamiento ARTICULO 19°). El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante: Ratificación a) Ratificación por el órgano superior cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes; Confirmación b) Confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo afecte. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación. Conversión ARTICULO 20°). Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitiesen integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Caducidad ARTICULO 21°). La administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto. Revisión ARTICULO 22°). Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto firme: a) Cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido o no su aclaración; b) Cuando después del dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero; c) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; d) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto en el caso del inciso a). En los demás supuestos podrá promoverse la revisión dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del / tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos c) y d). TITULO IV Impugnación judicial de actos administrativos. ARTICULO 23°). Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular: a) Cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas; b) Cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto; c) Cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el artículo 10; d) Cuando la administración violare lo dispuesto en el artículo 9° ARTICULO 24°). El acto de alcance general será impugnable por vía judicial: a) Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el articulo 10; b) Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas. Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por vía de acción o recurso) ARTICULO 25°). La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, computados de la siguiente manera: a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado; b) Si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiera formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria; c) Si se tratare de actos de alcance general impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa; d) Si se tratare de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado. Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días desde la notificación de la resolución definitiva que agote las instancias administrativas. * Texto de acuerdo a la Ley 21686. ARTICULO 26°). La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos. Plazos. ARTICULO 27°). No habrá plazo para accionar en los casos en que el Estado o sus entes autárquicos fueren actores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Amparo por mora de la administración. * ARTICULO 28°). El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden, si correspondiere, para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes * Texto de acuerdo a la Ley 21686. ARTICULO 29°). La desobediencia a la orden de pronto despacho tornare aplicable lo dispuesto por el artículo 17 del decreto ley 1285/58. Reclamo administrativo previo a la demanda judicial. * ARTICU LO 30°). El Estado nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al ministerio o comando en jefe que corresponda, salvo cuando se trate de la impugnación judicial de actos administrativos de alcance particular o general. El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por el Poder Ejecutivo, o por las autoridades citadas si mediare delegación de esa facultad. Recurrido un acto en todas las instancias administrativas correspondientes, las cuestiones planteadas y resueltas expresamente en esa vía por la última instancia no podrán reiterarse por vía de reclamo; pero sí podrán reiterarse las no planteadas y resueltas y las planteadas y no resueltas. * Texto de acuerdo a la ley 21686. ARTICULO 3l°). El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá iniciar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. * ARTICULO 32°). El reclamo administrativo preveo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: a) Un acto dictado de oficio pudiere ser ejecutado antes de que transcurran los plazos del articulo 31°; b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario; c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente; d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria; e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo a un ritualismo inútil; f) Se demandare a un ente autárquico, o a una empresa del Estado, una sociedad mixta o de economía mixta o a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o a las sociedades del Estado, o a un ente descentralizado con faculta des para estar en juicio. * Texto de acuerdo a la Ley 21686. ARTICULO 33°). La presente ley entrará a regir a los ciento veinte (120) días de su publicación en el Boletín Oficial. ARTICULO 34°). Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Source: http://www.accesolibre.org/descargas/pdf/1158347344.pdf